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Resistencias a la gentrificación en las áreas centrales de la Ciudad de México

por Iban Diaz Parra — Martes, 12 de mayo de 2015

El regreso a la ciudad central de las políticas públicas, los discursos científico-técnicos y el capital privado y público es un hecho relevante y  relativamente reciente en América Latina. En estos procesos, las clases populares han tendido a plantearse como problema para la valorización de áreas centrales y la gentrificación, o al menos ciertas expectativas de mezcla social, como posible solución. No obstante, en la práctica, en casos como en el del Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), los cambios parecen mucho más lentos y cuestionables de lo que hubiera podido esperarse, dados los niveles de intervención. Aquí hay que introducir el factor de la resistencia de las clases populares a este tipo de procesos, que va desde la resistencia organizada hasta el efecto desincentivador que ejerce su mera presencia de cara al consumidor solvente.

Me gustaría introducir dos cuestiones a este respecto, a partir de la experiencia del CHCM. En primer lugar, no es infrecuente victimizar y menospreciar el poder de las clases populares dentro de los procesos de transformación urbana. Por el contrario, diría que en México, las clases populares son un agente extremadamente relevante en la producción de ciudad. En concreto hay una lucha histórica y organizada de las clases populares por la centralidad, que se prolonga desde las primeras décadas del siglo XX . En segundo lugar, en los procesos de reestructuración urbana, puede existir otra tendencia a presentar el Estado como un agente con una posición muy definida de antemano, generalmente de apoyo al mercado. No obstante, creo que las políticas urbanas generadas por el Estado local han de concebirse en mayor medida como un campo de batalla entre intereses de clase diversos, de tal forma que dentro de una misma administración pueden producirse acciones y posiciones sumamente contradictorias.

Figura 1. Ocupación/plantón en colonia Juárez (Delegación central de la Ciudad de México)


Las clases populares como problema y la gentrificación como solución

El problema de la recuperación de las áreas centrales se convierte en un conflicto de clase, en el momento en que las clases populares y las actividades asociadas a los estratos más marginales se plantean como problema, siendo la solución objetiva su sustitución, su disolución en una supuesta mezcla cultura y/o su invisibilización. Esta tendencia es generalizable, tanto a la política urbana lationamericana como fuera de la región. La medida en que esto ha ocurrido en el caso de la Ciudad de México es un asunto a debatir.

El proceso de declive del CHCM ocupa la mayor parte del siglo XX. El desplazamiento de la centralidad hacia el suroeste tuvo como consecuencia el filtrado del entorno construido hacia grupos correspondientes a estratos sociales progresivamente bajos. La ciudad anterior al XX se fue convirtiendo en un espacio fundamentalmente popular, enfrentada con problemas de hacinamiento en las viviendas colectivas, proliferación de actividades marginales y un declive demográfico empujado en parte por un fuerte proceso de terciarización. La interpretación del proceso que hacían los documentos técnicos, que proliferarían a partir de la década de los noventa, apuntaba claramente a la pobreza de los pobladores, que los incapacita para poder rehabilitar los edificios, y a los usos asociados a estos perfiles, en especial el comercio ambulante, al que se acusaba constantemente de haber “secuestrado” el centro histórico.

La intervención sobre la zona se realiza en un contexto muy concreto, como es el del auge del neoliberalismo. En este sentido, la intervención está condicionada por una política respecto del espacio que busca dejar actuar a las lógicas del mercado, o incluso imponerlas allí donde apenas existen. En esta tendencia entra la eliminación de los controles sobre los arrendamientos urbanos, el paso atrás en materia de políticas de vivienda o las políticas tendentes a la privatización del suelo. La propia intervención sobre el CHCM entra en esta lógica. Aquí, la política pública se enfrenta a una propiedad fragmentada, a menudo de titularidad irregular o desconocida, propietarios absentistas y un mercado de crédito prudente a la hora de invertir en determinados sectores. Estos obstáculos están muy presentes en todos los documentos públicos, así como la necesidad de medidas dirigidas a hacer funcionar el mercado. Una de las funciones más importantes del Fidiecomiso del CHCM (encargado del plan de “rescate”) es de hecho la de la promoción inmobiliaria. Aunque con limitaciones, la acción de esta entidad se ha dirigido en las dos últimas décadas a generar oferta de vivienda y de locales comerciales: incentivos fiscales, mediación con los organismos de protección del patrimonio, asesoría técnica, proyectos de vivienda para rentas medias en colaboración con instituciones privadas, etcétera. El mercado debe dirigirse a un consumidor solvente. Para ello, la clave sería el disciplinamiento del espacio, implicando el incremento de la presencia policial, la disposición de cámaras de videovigilancia y otros dispositivos de control, acompañados de la eliminación de usos como el comercio ambulante, la prostitución, la mendicidad, etcétera.  Junto a la creación de un espacio seguro, sería fundamental la creación de un espacio atractivo, mediante la explotación del capital simbólico de la zona, la puesta en valor de su patrimonio, la promoción de espectáculos o la generación de corredores comerciales.

Figura 2. Eje comercial peatonal de Regina (CHCM)


El rol de la organización popular

Y sin embargo, es innegable que la mayor parte del CHCM  sigue teniendo un carácter popular. ¿A qué se debe esto?

La presencia de las clases populares y su organización ha sido fundamental en el devenir del CHCM, en gran parte luchando por su permanencia en la zona. Esto queda claro en dos ejemplos históricos. En primer lugar, de forma similar a otros lugares de América y Europa, la densificación y popularización de las áreas centrales en la primera mitad del siglo XX, dio lugar, por un lado, a una fuerte explotación por parte de los propietarios del suelo y, por otra, a un importante movimiento organizado de inquilinos. Tras periodos de lucha más o menos fuertes, el gobierno se vio forzado a tomar medidas de control sobre los propietarios de viviendas colectivas, dando lugar a la congelación de las rentas urbanas. Es común achacar a este acontecimiento la progresiva desinversión del área central y, en especial, de las viviendas colectivas en alquiler, por parte de los agentes privados. No obstante, el declive demográfico del CHCM está relacionado con procesos diversos, entre los que destaca la fuerte competencia del comercio, con capacidad de pagar más por la ubicación central que la residencia popular. De esta manera, se podría argumentar que el control de los alquileres, hasta cierto punto, permitió mantener el peso residencial de la zona durante el siglo XX.

En segundo lugar, el movimiento urbano popular juega un papel clave en torno al terremoto de 1985, cuando alcanza su apogeo y su momento de mayor influencia política. En este contexto se produce una gran proliferación de organizaciones de habitantes que demanda la mejora de las viviendas, así como una intensificación del fenómeno de la ocupación de predios en las áreas centrales.  El empoderamiento del movimiento urbano popular forzaría una fuerte inversión pública en materia de vivienda sobre las áreas centrales, consistente en  expropiaciones y levantamiento de módulos habitacionales que acabarían en propiedad de los antiguos inquilinos. No obstante, más allá del acceso a la propiedad y el mantenimiento de la población popular en el centro, no tendría un efecto significativo en cuanto a mejoramiento del entorno urbano.

En el proceso más reciente de “rescate” del CHCM, las clases populares han demostrado otra vez su fuerza. Esto es notorio, en primer lugar, en el caso del comercio ambulante. Un bando de 1993 prohibía la actividad comercial en la vía pública dentro del perímetro A y todo el planteamiento estratégico del Estado local exponía este como un elemento clave para la recuperación de la zona. Sin embargo, las organizaciones de comerciantes eludieron esta restricción hasta 2007. Cuando por fin se llevó a cabo, un parte muy importante del comercio hubo de ser relocalizada en plazas públicas cerradas dentro del propio CHCM. Otra parte importante fue desplazado hacia las zonas perimetrales o perdió sus puestos. Aun así, el comercio ambulante vuelve a reaparecer en el momento en que se relaja la vigilancia en una lucha constante, que ocasionalmente acaba en disturbios y algaradas callejeras con la policía antidisturbios.

Figura 3. Desalojo del comercio ambulante en Eje 1, marzo de 2015


En el caso del comercio, este demuestra ser un poder político importante en la ciudad que fuerza al Estado a entrar en negociación de forma constante, más allá de discursos, intereses y objetivos estratégicos. Algo similar puede decirse de la función habitacional. Muchos edificios siguen ocupados irregularmente en el CHCM, alojando a centenares de familias. Ocasionalmente hay desalojos, no obstante, a menudo, la misma instalación vuelve a ser ocupada o las familias acaban realizando un plantón en plena calle cortando el tráfico, forzando a la administración a intervenir en su favor. Esto no sería posible de no ser por la capacidad de movilización y por la existencia de redes de contactos y presiones políticas. De forma similar, los desalojos por motivo de ruina que ha habido en los últimos años han acabado en plantones y, eventualmente, en el realojo de las familias. Todo esto no quiere decir que no haya desplazamiento residencial, sino que este encuentra una fuerte oposición y grandes obstáculos.

Esta oposición se extiende hasta el corazón de las propias instituciones públicas. Por un lado, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que acoge a muchos antiguos militantes del movimiento del 85, persigue la expropiación de predios y el mantenimiento de la población, mientras el Fideicomiso y otros agentes de carácter privado intentan introducir clases medias, llegando a competir en ocasiones por intervenir sobre los mismos edificios.

Figura 4. Desalojo de un edificio ocupado en el CHCM, mayo de 2014


¿Por qué no se gentrifica?

En definitiva, en el caso de la Ciudad de México, no solo en el periodo reciente, sino a lo largo del último siglo, la resistencia y vigilancia de las organizaciones populares ha sido fundamental para mantener cierto tipo de población y usos dentro de las áreas centrales de la ciudad. Esta resistencia histórica supone un recurso acumulado, como ilustra el caso de la herencia de las políticas públicas de vivienda de los ochenta, que hacen que en las áreas centrales, junto al alquiler, convivan una gran cantidad de propietarios no capitalistas.

La fragmentación de la propiedad, junto con otras dificultades para el funcionamiento del mercado, suponen un obstáculo fundamental contra la lógica capitalista que tendería a hacer que los usos más rentables ocupasen el suelo del CHCM. Dentro de estas cuestiones se encuentra también el alto número de edificios en situación irregular, con causas judiciales abiertas, los propietarios absentistas o la propia topofobia generada durante las décadas anteriores, que dificulta tanto el flujo de capital (vía crédito), como la entrada de las clases medias, que siguen temiendo un CHCM que no sienten como propio.

Esto no quiere decir que el CHCM no vaya a aburguesarse en el futuro. Este proceso ya es notorio en el cuadrante suroeste y en algunos corredores donde se ha concentrado la intervención.  Hay fuerzas poderosas que persiguen introducir la zona dentro de las lógicas de mercado. Frente a esto, las clases populares solo pueden empujar en la dirección contraria, esto es, hacia un mayor control social del suelo y la vivienda.

 

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