Resumen del artículo

Hablar de las relaciones entre suelo y vivienda invita e incita a adoptar un enfoque
económico (y economicista) e intentar comprobar hasta que punto la imparable carestía de la vivienda es debida a los llamados estrangulamientos en el mercado del suelo urbano. Loable y útil intento que seguramente expertos mejor preparados podrán
abordar. Este texto tiene un objeto más modesto: se limita a constatar que ante una
oferta desbordada, sobredimensionada, excesiva, sin límites ni mesura (y podríamos añadir todos los adjetivos que nos plazca para describir una realidad en la que toda racionalidad, toda noción de cordura, de límite, de freno, de contención, ha sido
abandonada), fomentada y alentada en el País Valenciano por una legislación nacida
con ese objetivo, los precios del suelo y de la vivienda no sólo no bajan, ni se
estabilizan, sino que no cesan de aumentar por encima de indicadores de referencia
como pueda ser el IPC, desmintiendo la interesada afirmación de que la falta de suelo es
el principal o único responsable de los fenómenos especulativos en el ámbito
inmobiliario.
En el País Valenciano, como en gran parte del resto del Estado, vivimos desde hace una
década un boom inmobiliario, una oleada urbanizadora sin precedentes. Probablemente
no quedará otra opción que esperar a que pase el temporal, para hacer balance de daños
y perjuicios: el litoral macizado, el consumo de recursos elevado a cotas que no podrán
satisfacerse, el despilfarro de recursos públicos convertido en norma, los mejores suelos
agrícolas sacrificados a la vorágine constructora, las bases de una economía histórica
(poco espectacular, tradicional, pero creadora de empleo estable, de riqueza durable)
quebradas. En fin, una catástrofe nada natural que asola este país (valenciano),
satisfecho y complaciente con lo que está pasando.
A principios del siglo XXI una coyuntura excepcional se ha dado para aunar
circunstancias sinérgicas, con la resultante del mencionado boom, una oleada
urbanizadora de magnitudes insólitas, que por arrancar del litoral podemos gráficamente
describir como un tsunami urbanístico. Este maremoto ha sido posible por la conjunción
1
astral de fatalidades, que nada tienen de ineluctables, pero sí mucho de aciagas. Unas
son de orden estrictamente económico y tienen que ver con el ciclo y la coyuntura
económica que han alimentado artificialmente una demanda, cuya durabilidad a largo
plazo es harto dudosa. La bajada de los precios del dinero, la ausencia de alternativas
inversoras más rentables, el afloramiento de ingentes masas de dinero negro forzado por
la adopción del euro, la tradicional capacidad blanqueadora del sector inmobiliario, el
acrecido potencial ahorrador de un sector de la población, etc. Pero estas razones
financieras no serían suficientes para explicar la magnitud del boom, hay que sumarles
otras de diversa índole. Entre ellas yo destacaría las culturales: el arraigado
comportamiento de los súbditos de este Estado para quienes la inversión en vivienda, en
edificación, tiene un carácter casi sacro ­­creencia que irracionalmente se consolida con
el tópico de la seguridad de la inversión inmobiliaria, y de la imposibilidad de que
puedan darse decrecimientos en su valor, un dogma que la realidad ha desmentido
abruptamente en latitudes próximas y lejanas.
En este artículo vamos a analizar los efectos de una legislación autonómica, la Ley
Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana de 1994, diseñada
específicamente para combatir el incremento de los precios del suelo, sus efectos sobre
el mercado del suelo y la producción del espacio urbanizado más en general.