Resumen del artículo

A finales del pasado mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE)
publicó las cifras provisionales de la población residente en España a 1 de enero de
2006. Según este avance del Padrón Municipal, el total de residentes es de 44,39
millones de personas, de las que 3.884.573 son extranjeras, un 8,7% del conjunto de la
población. El panorama sobre la inmigración en España que se deduce de este avance
ratifica, en buena medida, el perfil y las características consolidadas en los últimos
cinco años. El mayor colectivo de residentes extranjeros es el marroquí (535.009
personas), aunque hay que destacar el protagonismo de la inmigración latinoamericana,
particularmente ecuatoriana (399.585) y colombiana (238.582). Igualmente, es
destacable el aumento de la inmigración desde Europa del Este y, dentro de ella, la
procedente de Rumanía (381.955 nacionales residentes). La desigual distribución
residencial se acentúa ligeramente, aunque se mantienen los mismos polos de atracción:
Catalunya, Madrid, País Valenciá y Andalucía concentran el 68,6% de la población
extranjera residente en España. Por último, para completar este breve panorama, cabe
destacar el carácter familiar, permanente, de buena parte de la inmigración, como indica
la tendencia a una sex­ratio más equilibrada y la creciente presencia de menores
(578.400 extranjeros tenían menos de 16 años).
En realidad, el cambio de tendencia más destacable que se deduce de la cifras
del INE es la disminución de la intensidad de los flujos migratorios. En el año 2005, la
población residente extranjera creció en 153.990 personas, un aumento del 4%, lo que
supone una reducción muy significativa respecto a años anteriores (1). De acuerdo con
las cifras oficiales, la población extranjera incluso ha disminuido en la Comunidad de
Madrid (­10,9%) y la de Illes Ballears (­1,82). Se trata de un cambio meramente
estadístico, del que resulta muy difícil conocer en qué medida responde a la realidad.
El INE no ha contabilizado 492.952 residentes extracomunitarios, inscritos en el
Padrón de un municipio, pero que no habían renovado su inscripción en los últimos dos
años. Como han insistido los portavoces del INE, la medida es el cumplimiento de la
Ley 14/2003 que establece la obligatoriedad de renovar la inscripción padronal cada dos
años para los residentes extracomunitarios que no dispongan de permiso de residencia
permanente. Como tantos otros preceptos de esa misma Ley, se concede un trato
desigual según la situación administrativa del extranjero, dado que nacionales,
comunitarios y residentes permanentes no están –estamos– sujetos a dicha obligación.
Ni, por supuesto, nos exponemos a semejante sanción por parte del INE. ¿Por qué no se
han renovado esas inscripciones padronales? Según el INE, estos extranjeros pueden
haber salido de España, pueden haber sido inscritos “indebidamente sin estar en el país”
o pueden que no hayan renovado “por falta de información sobre la obligación legal de
hacerlo” (2). Abona esta tercera hipótesis el hecho de que, siempre según el Instituto
oficial, Madrid y Palma de Mallorca sean las grandes ciudades que destacan por la
escasa renovación de los registros así como por la falta de información específica. Que
una buena parte de los inmigrantes afectados desconocían su obligación legal parece
indudable. Como también lo es que muchos de ellos, no sabemos en qué proporción,
continúan siendo nuestros vecinos, aunque no figuren en la contabilidad nacional.