Resumen del artículo

En el documento “Metaplán”, aprobado por unanimidad por la Corporación Municipal hace unos meses, se parte de la constatación realista de que “Sevilla es, al
mismo tiempo, muchas Sevillas”, estableciéndose entre los más importantes objetivos
del nuevo Plan General de Ordenación Urbana los de “recuperar la ciudad como valor
de uso”, “establecer un nivel mínimo dotacional que debe ser el compromiso de la
ciudad con cada barrio”, y crear estructuras descentralizadas para la participación,
propiciando una ciudad “no homogénea sino aunada –debería decirse, integrada­,
basada en la defensa de la diversidad, de lo propio y de la persona”. En la propia
definición de estos objetivos subyace el convencimiento de que la situación actual es
inadecuada: la forma de crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo XX, de forma poco
organizada, a saltos, en cuanto a su extensión territorial y destruyendo partes
importantes del tejido urbano y social de la ciudad antiguamente intramuros y de sus
arrabales históricos, se explica principalmente por el predominio de los intereses
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especulativos sobre los intereses colectivos ciudadanos. No sólo es el Patrimonio
Cultural, tanto material como intangible y simbólico, de Sevilla el que ha sido afectado
de forma grave, sino que este modelo inaceptable de crecimiento ha dado como
resultado una creciente fragmentación territorial de la ciudad que refleja y refuerza, a la
vez, la creciente segmentación e incluso segregación social, de hecho, de sus habitantes
y un escandaloso déficit de equipamientos en muchas zonas de la ciudad que sólo en las
dos últimas décadas comenzó a ser paliado en parte. Persisten, sin embargo, gravísimos
desequilibrios e incluso situaciones claramente inaceptables desde cualquier
consideración ética. Todo ello desemboca, en muchos barrios y zonas de Sevilla, en una
muy débil cohesión interna y en un nivel de integración insuficiente en el conjunto de la
ciudad. Barreras físicas y simbólicas, dificultades de comunicación, carencias evidentes
en cuanto a la calidad de vida que hoy, en los comienzos del siglo XXI, sería exigible
para una capital como Sevilla, cabeza de una Comunidad Autónoma perteneciente a la
Unión Europea, hacen que muchos sevillanos y sevillanas se sientan desatendidos e
incluso discriminados, a pesar de que, en su gran mayoría, ellos se sienten
profundamente sevillanos y participan –aún sin hacerselo consciente en muchos casos­
de la específica versión sevillana de la cultura andaluza.
Se trata, pues, en gran medida, de revertir el orden de las cosas y la priorización de
intereses, haciendo que sean los intereses y aspiraciones de las personas y colectivos
sociales y no los intereses privados especulativos, los que gobiernen las decisiones
sobre la ciudad. Se trata de que “el derecho a la ciudad”, en todas sus vertientes y
dimensiones, sea un derecho que pueda ser realmente ejercido por todos los ciudadanos,
desde la premisa de que estos no son sólamente consumidores o usuarios de los
servicios que la ciudad debe brindarles –y que es preciso garantizarles, al menos, en
unos mínimos suficientes­ sino también verdaderos ciudadanos, es decir, co­
responsables de las grandes decisiones sobre la ciudad. Lo que únicamente es posible
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fomentando su participación en el gobierno de la misma no sólo como electores, cada
cuatro años, sino permanente, y sobre todo, en cuanto participantes en los debates
previos a la toma de decisiones y en la gestión y control de la puesta en práctica de
estas. Se trata entonces, también, de crear los cauces adecuados para que la opinión e
intereses de los ciudadanos, no sólo individuales sino asociados en colectivos diversos,
puedan ser explicitados y conocidos, y puedan vehiculares y tomar parte en las
decisiones mediante mecanismos que no sean los de un simple “buzón de sugerencias”
o de la reivindicación sin cauces políticos de participación.
Tanto para conseguir una ciudad más cohesionada y, a la vez, más
descentralizada en cuanto a equipamientos, como para promover la participación
efectiva de los sevillanos en las decisiones sobre la ciudad en su conjunto y sobre sus
ámbitos específicos de residencia, trabajo y convivencia, “los actuales Distritos no
significan nada”. Esta afirmación rotunda del citado Metaplan, referida expresamente a
“la vida política local”, es también plenamente cierta respecto a otras dimensiones de
la vida individual y colectiva. No podría ser de otra manera, ya que la división en seis
únicos Distritos de una ciudad de 700.000 habitantes, cabeza de un área metropolitana
de aproximadamente 500.000 habitantes más, y muy extendida territorialmente, es
radicalmente inadecuada para cualquier objetivo o función, independientemente incluso
del contenido de estos. La superficie, demografía y heterogeneidad de los seis Distritos
actuales los hacen ser muy poco o nada operativos tanto para la intervención como para
la organización de equipamientos, como para la participación. Sus límites, además, son
arbitrarios, burocráticos, cuando no traslucen la intencionalidad de enmascarar ciertas
realidades poco confortables. Igualmente, el hecho de que nunca se haya realizado una
organización en barrios de la ciudad, con efectos administrativos y políticos, ha hecho
perder el enorme potencial que para la organización ciudadana pueden tener estas
células básicas de la vida social local, que, a pesar de su muy diversa situación actual,
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su diferente grado de consolidación y la distinta densidad de su tejido social y
asociativo, deberían ser el referente obligado para cualquier planificación o acción
municipal. Barrios que, estimamos, han de agruparse en Sectores a efectos sobre todo
funcionales, respecto a ciertos tipos de equipamiento y en Distritos que serían esas
“ciudades dentro de la ciudad” a las que se refiere el texto del Metaplan.
Se impone, pues, el establecimiento de una nueva división territorial de la ciudad
que tenga en cuenta las realidades objetivas y simbólicas, las necesidades de
equipamiento material, social y espiritual de todas las zonas de la ciudad, y los intereses
y aspiraciones de todos los sevillanos y sevillanas. Una división territorial que
contemple los espacios urbanos no fundamentalmente como ”oportunidades de
mercado” sino como territorios cargados de significación social y simbólica que
constituyan el núcleo básico de convivencia e integración social de los ciudadanos. Sólo
desde esta opción de partida podría traducirse a las normas urbanísticas del nuevo
PGOU el objetivo de hacer realmente válidas, aceptables y positivas esas “muchas
Sevillas” que son los barrios y la integración de estos, cada uno con sus peculiaridades
propias, en esa Sevilla única y plural, capital de Andalucía, regida con la participación
de todos los sevillanos, a la que debemos aspirar.